Panamá garantiza derechos de los refugiados ante la pandemia
Redacción / Al Día Panamá
La Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar), adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob), presentó en la XI reunión virtual de los países miembros del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS), las medidas adoptadas por el Estado panameño para garantizar los derechos de los refugiados reconocidos, ante la pandemia por COVID-19.
El director de la Onpar, Hussein Pitty, detalló que entre las medidas adoptadas antes y durante la pandemia está la extensión de la vigencia de los carnés de solicitante de la condición de refugiado y de los Refugiados Reconocidos y Admitidos.
Otra medida es la suspensión de los términos para la presentación de los Recursos de Reconsideración y las entrevistas programadas para el mes de marzo de 2020, las cuales serán reprogramadas.
También se han elaborado listados de solicitantes y refugiados reconocidos por el Estado panameño, con la colaboración de la Cruz Roja, NRC, ACNUR, HIAS, RET, CEALP, PMH, identificando las necesidades específicas y en estado de vulnerabilidad, para que sean beneficiarios de los programas impulsados por el Gobierno Nacional.
Adicionalmente se han coordinado giras interinstitucionales de Registro y Documentación junto al Tribunal Electoral, Servicio Nacional de Migración y el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras. Así como el acompañamiento la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el Consejo Noruego para Refugiados, en la Comarca de Guna Yala (Puerto Obaldía y La Miel) y la provincia del Darién (Yaviza, Metetí, La Palma, Piña y Jaqué).
A través de Onpar se han realizado jornadas de capacitación y sensibilización sobre Protección Internacional dirigidas a funcionarios del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Servicio Nacional de Migración (SNM), Secretaria Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia (Senniaf), Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Tribunal Electoral (TE), Defensoría del Pueblo, gobiernos locales y jueces de Paz, en la provincia del Darién y la Comarca Guna Yala.
Estas y otras acciones han sido reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su comunicado sobre la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas frente a la pandemia del COVID-19, y aplaudidas por la Acnur.