Por: Jorge Zúñiga Sánchez

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En los últimos tiempos, las mismas quejas ciudadanas son las mismas: los políticos se roban la plata; la justicia es para los pobres, los servicios públicos son deficientes, y para sacarse el clavo se repiten que  “para la próxima no van”. Así funciona un  sistema sano, en el que  pasa el tiempo,  cambian las caras, y se repiten las mismas letanías cada cinco años.

Cada gobierno afronta formalmente y “al más alto nivel”, esos problemas, “al más alto nivel”. Se necesita un enorme  “motete” para meter todas  las leyes dictadas en favor del ciudadano, pero es regateada la protección institucional. Ya no importa decirle al ciudadano molesto, que use los recursos legales; que vaya a los medios, y el “cazador de votos” sugerirá el cierre de calles, para tomar fotos de la inmediata reacción policial.

Para superar la apatía institucional, algunos grupos llevan años pregonando que  la Constitución es la causa de todos los males, de modo que hay que reformarla, “por la vía que sea”. La Constitución de 1972  se   sustentaba en “las bayonetas”, y porque con todo y sus excesos, los simpatizantes del “proceso revolucionario” creían firmemente de que ese instrumento jurídico-político, mantenía a “la derecha” distanciada  del poder político.

Nos resulta preocupante que el coro que aúpan la Reforma o la Constituyente, no brinden pistas para revelar las potestades que con los contará el Estado, para conservar un ambiente de paz social, en medio de la antagónica rivalidad entre los intereses privados y los sociales.

La  transición democrática lleva décadas de empantanamiento. A pesar de todo, los poderosos cierran filas para sepultar las conquistas sociales, mismas que oxigenan  la lenta movilidad social, y que en caso de un drástico frenazo, extremará la marginalidad social.

El Estado debe reorganizarse institucionalmente en todos los aspectos, con la participación de todos los actores sociales, dando nacimiento a la nueva Carta Constitucional. Si en  ese proceso llegaran a primar intereses “unisectoriales”, ese nuevo orden reconocería ciudadanos de primera y segunda categoría.

Son varias las motivaciones por las que urge “conversar” y llegar con urgencia a acuerdos. La Asamblea carece de legitimidad política y social para debatir esos temas.  Unos lo  adversan  por tener la mirada puesta en las elecciones del 2024, y otros proponemos  construir un país de justicia social, paz y solidaridad, “sin predominio de izquierdas ni derechas”.