TORCER LA LEY

Muy mala práctica la de violentar las leyes que designan a funcionarios con determinados requisitos de formación e idoneidad profesional para favorecer a los «ungidos» del gobierno de turno. Con la reciente ratificación de la directora de la ARAP, el mal hábito parece activarse. Sumas más, sumas menos de los años requeridos, unos decían que si llenaba los requisitos y otras voces, principalmente la del vidente de la Virgen de Guadalupe, decían lo contrario. No es la primera vez que esto ocurre, lo mismo pasó con el director de la ANATI, que aún sigue en el cargo, y con otros que han permanecido en la interinidad por varios años para así burlar la ley. Algún día tendrán que rendir cuentas de todo esto, tanto los beneficiadores como los beneficiados. Recuerden y no olviden que a cada puerco cebado le llega su diciembre.

AMOS DE LA CALLE

Los llamados biencuidao y los limpiavidrios parecen haberse apoderado de la calle, sin que haya Dios ni ley que los ponga a raya. De vez en cuando algún operativo y después todo vuelve a la normalidad. El asunto no molestaría si los susodichos respetaran la libertad ajena y no exigieran un pago forzoso por su supuesto trabajo. Y allí es donde se violenta el derecho del resto de los ciudadanos. ¿Por qué tener que pagar por «cuidar» un vehículo si el dueño no quiere? ¿Por qué soportar el insulto y la violencia del que quiere limpiar el parabrisas en contra de la voluntad del conductor? Toda persona tiene derecho a ganarse el pan, pero eso no es justificación para imponer, bajo la coacción y la amenaza, la aceptación de un supuesto servicio que se ofrece bajo la intimidación. Las autoridades tienen que dejarse de sentimentalismos y actuar como se debe, para garantizar el derecho de todos a transitar por las vías y utilizar los espacios públicos con libertad y sin miedo.

BONOS NAVIDEÑOS

El bono de 500 dólares que ofrecerán a los funcionarios del órgano judicial es una más de las aberraciones de la burocracia estatal. El argumento de que se sacrifican y se rompen el lomo trabajando todo el año, no tiene sustento alguno. ¿Acaso no le pagan por su trabajo? ¿Qué de extra puede haber en la prestación de un servicio público? Si se quiere reconocer el desempeño y la habilidad o dedicación como servidor público, para eso están los aumentos de salario y la promoción en los puestos de trabajo. Porque habrá quien si se raje el lomo, pero también hay otros que no. Ese tipo de dádivas tiene que acabarse, porque es una práctica malsana. Y no solo ocurre en el órgano judicial, sino en otras instituciones como la Dirección General de Ingresos con el porcentaje que le dan a los funcionarios por las recaudaciones. ¿Acaso los impuestos no son de pago forzoso? ¿Qué esfuerzo extraordinario hay en cobrar lo que es obligatorio pagar?  Mucho hay que arreglar en el prostituido sector público que hemos heredado de la dictadura y mantenido por los gobiernos sucesivos. Sufre Panamá.

LEY DE TRANSPARENCIA

La presentación de la nueva ley de transparencia y acceso a la información ante la asamblea nacional sería motivo de esperanza y alegría, si no fuera porque en las comisiones donde reciben el primer debate se cuecen las habas de la trampa y la contaminación legislativa. La historia ha demostrado que los anteproyectos llegan con un texto que tiene un espíritu de querer mejorar y cambiar las cosas para bien, pero terminan con algún camarón, frase ambigua o vicio oculto que desvirtúan su espíritu original transformándolo en algo nefasto. Aunque siempre damos el beneficio de la duda, la experiencia dicta otra cosa. Esperemos que no sea así y redunde en la instauración de un sistema de transparencia y rendición de cuentas real y efectivo, todo lo cual comienza por garantizar un verdadero y eficaz acceso a la información en tiempo oportuno y sin las trabas a las que nos tienen acostumbrados. Amanecerá y veremos.