Martes 24 de junio de 2025

DIA D ESCOLAR

Ocurrió el mismo mes como la Invasión a Normandía aquel 6 de junio de 1944, pero en tiempo y escenario distintos. El Día D de inicio a clases fue accidentado y mucho más en algunos planteles donde docentes en huelga no recibieron a sus alumnos y los padres de familia montaron en cólera y exigían que los reemplazaran como prometió Yo Quiero a Lucy. Pero en esta ocasión no vamos a dedicar estas líneas a esos incidentes, sino al modelo educativo que, a fuerza de evolución y acontecimientos traumáticos se irá imponiendo en los próximos años. Con tantas emociones de aquí y de allá, pocos olvidan que existe una ley sobre educación aprobada y reglamentada que permite la educación remota por parte de los padres. En otras palabras: ya no es necesaria la asistencia a clases presenciales delante de un maestro o profesor de secundaria. ¿Será esta la solución para mitigar los daños que ocasionan tantas huelgas docentes a los estudiantes? Sea así o no, la Ley 245 de octubre de 2021 es una herramienta para transformar la educación de la que tanto nos quejamos en Panamá. Será una revolución de tanto impacto como las plataformas digitales en el transporte o en las compras en línea, cuando padres y estudiantes tengan libertad de manejar su calendario escolar y escoger a los educadores de sus hijos asegurándose de su competencia y capacidad para instruir a sus hijos. Todo es cuestión de tiempo y el cambio está más cerca que nunca si padres de familia, educadores dispuestos a entrar en el sistema y autoridades se propusieran ponerlo en práctica prontamente.

DIÁLOGO SOCIAL

Aunque incipiente la iniciativa de diálogo que asoma con la participación de diversos actores sociales para producir cambios profundos en la vida nacional. Es una oportunidad que podría aprovecharse para acordar un plan de desarrollo para el país si todos los sectores productivos se involucran, junto a la sociedad política y la sociedad civil aprovechando algunos espacios de diálogo ya existentes como los casi olvidados Consejos Provinciales de Coordinación que, por mandato de la Constitución, deben discutir los problemas de sus comunidades y preparar un presupuesto que deben discutir presentarse al ejecutivo para realizar las inversiones públicas en las provincias. Y esas atribuciones podrían ponerse al servicio del desarrollo de la educación, la salud, el empleo, las actividades económicas, la cultura y la organización del estado panameño. Podemos construir un nuevo país con bienestar para todos si nos lo proponemos, pero para ello es necesario el esfuerzo sincero de todos los que crean en la instauración de un régimen democrático con libertad, justicia, trabajo y oportunidades para cada hijo de esta tierra.

EL DESAFÍO DE LA MINA

Panamá enfrenta el desafío de qué hacer con la explotación de la mina de Donoso. No es cosa fácil por las implicaciones que tiene este asunto de interés nacional. Por un lado está el compromiso de no permitir la explotación minera a cielo abierto  y, por el otro, la amenaza de los arbitrajes internacionales que penden como una espada de Damocles sobre el país si no llegamos a un acuerdo favorable con las empresas involucradas en su fallido contrato de explotación minera. Y es el gobierno el que debe tomar las decisiones más trascendentales en este tema, tratando de equilibrar todas las posiciones de manera inteligente y lo menos traumáticas posibles. El país no soporta más convulsiones sociales y menos en tan poco espacio de tiempo.

PROYECTO DE 200 MILLONES

Un plan del MIVIOT para construirse una sede en Albrook a un costo de 200 millones de dólares parece no haber hallado gracia entre los diputados de la comisión dónde se deciden los traslados de partida. Y todo por la discrepancia por un pago de alquiler que desea hacer el ministerio con uno de esos traslados, pero sin dar respuestas satisfactorias para los comisionados. El asunto no es mala idea si lo vemos desde el punto de vista de ahorrarse millonarios pagos de alquiler en el futuro, siempre y cuando se haga con transparencia y sin los consabidos chanchullos que favorecen con contratos estatales a amigos y parientes o el detestable pago de sobornos y coimas que han ocurrido en otras ocasiones. Son varios los ministerios y entidades que están en la misma situación del MIVIOT ocupando oficinas arrendadas  y pagando una millonada por ellas cuando podrían construirse complejos gubernamentales para ellas y amortizar los costos con el presupuesto destinado para arrendamiento.