Jueves 19 de noviembre de 2026
PRESUNTO SEGUNDO
La policía dio parte de que aprehendió a un segundo presunto implicado en el atentado incendiario contra la casa del periodista Rolando Rodríguez. El sospechoso mantenía una orden de aprehensión por su supuesta vinculación al delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delitos que implican peligro común. Muy interesante el perfil del sujeto aprehendido que, por lo que se puede colegir, dista mucho del comportamiento de un ciudadano de bien. Ahora le corresponde a las autoridades del Ministerio Público lograr que los aprehendidos confiesen o aporten pruebas para llegar hasta los autores intelectuales del acto criminal. Pero que canten dependerá de a quién le temen más: si a la justicia o a sus patrones. ¡Llamen al Inspector Clouseau!
SIGUE PRESO
Un exfuncionario con apellido de aceite del Mediterráneo seguirá encarcelado preventivamente. El ex-director de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) se mantendrá bajo detención provisional luego que, por segunda ocasión, el Juzgado de Garantías le negara la solicitud de cambio de esta medida cautelar. El ex funcionario mantiene reclusión carcelaria mientras es investigado por enriquecimiento injustificado, supuestamente mientras dirigió la AIG entre 2019-2024. Y el hombre que se mostraba tan contento en una entrevista televisada por haber alcanzado un grado de riqueza, pero nadie sabía a ciencia cierta cuál era el secreto de su éxito.
LA ZAGA CONTINÚA
Siguen saliendo otras aristas del caso de la renovación del contrato por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. La Contraloría General de la República acaba de interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la Administración Pública. Tras detectar presuntas irregularidades en una auditoría realizada al contrato de concesión de Panama Ports Company, S.A. (PPC), se activaron las alarmas y decidieron enviar los hallazgos al Ministerio Público. La acción involucra a los administradores de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y a los que estuvieron en la directiva de la institución como principales y suplentes en el periodo comprendido entre 2014 y 2023. Un detalle que llama la atención en el comunicado de la Contraloría es la parte en que resalta la obligación legal que tienen los servidores públicos de denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho que, detectado en el ejercicio de sus funciones, pueda revestir características de delito. Al buen entendedor, pocas palabras bastan.
¿APLICARÁ IGUAL?
Ahora que está a punto de reactivarse el tema de la minera hay que recordar que allí también hubo su chanchullo con los contratos y su aprobación por parte de la pasada asamblea, con algunos de sus diputados ya sin inmunidad por no haber repetido, y otros que todavía siguen en el ajo Legislativo. ¿Aplicará el mismo principio legal que recuerda la Contraloría en el caso de la AIG? Porque eso de que los funcionarios denuncien cualquier hecho que, en el ejercicio de sus funciones, pueda revestir característica de delito no es común entre nosotros. Variados son los ejemplos de quienes han sido destituidos solo por intentarlo. Pero en este caso del minera cualquier cosa puede pasar, ya que habrá fuego cruzado con aquello de los arbitrajes y la necesidad de demostrar que hubo más de un chanchullo en el proceso para otorgarle la renovación del contrato de concesión de explotación a la empresa que ha extraído cobre, oro y otros minerales del enorme hueco que ha dejado en la región de Donoso cercana al Canal de Panamá y a las fuentes que lo abastecen de agua a él y a la mitad de la población del país que habita en sus zonas aledañas.
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