Obras apoteósicas pueden reñir con el progreso de las naciones.

por Luis Alberto Díaz

Una de las prácticas comunes en nuestro país es la de incurrir en cuantiosos gastos para construir mega estructuras emblemáticas que consumen buena parte del presupuesto nacional. Grandes puentes, autopistas, ostentosos coliseos deportivos, edificios de gran tamaño e incluso monumentos gigantescos están en la lista.

El deseo de ser recordados por la hechura de esas obras parece ser el motivo de los políticos que gobiernan nuestro istmo. Cada una de ellas, cuya grandeza se quiere medir más en el rédito electoral que en el beneficio de la población, representan un aumento del endeudamiento del estado, un riesgo para su salud fiscal y una oportunidad menos de un auténtico progreso.

Aún cuando dichas obras puedan justificarse desde el punto de vista del manejo del dinero público, no garantiza que tales inversiones signifiquen el buen uso de los recursos del estado. Si tan solo los gobernantes de turno postergaran las mega obras de sus sueños,  para invertir primero en acueductos, alcantarillados, protección del medio ambiente, energía limpia e investigación científica, nuestro  país daría un salto cuántico hacia el verdadero progreso. Progreso auténtico que se constataría en mejor calidad de la educación, cobertura de salud, generación de empresas locales y puestos de trabajo calificados, servicios públicos eficientes, y hasta una gestión de gobierno transparente y honesta.

Frente a esa realidad de falsa visión de progreso, la sociedad debe actuar de manera más decidida. Más que manifestar la insatisfacción con comentarios virulentos por las redes sociales, o conformarse con convocar una protesta cuyo efecto morirá al terminar el noticiero de la tarde, la población debe procurar organizarse y participar activamente en la vigilancia del actuar de las autoridades y en la toma de decisiones. Muchos países son víctimas de sus políticos, porque la población no los critica ni les sigue la pista antes de ser elegidos. Solo cuando están en el cargo público es que le prestan suficiente atención y el daño ya está hecho.

A menudo decimos que la educación es el motor para la transformación del país y su progreso; pero, ¿quién se ocupa de la educación de los políticos? ¿Quién vigila el actuar de los partidos cuando escogen sus candidatos o negocian acuerdos y alianzas con sus pares? Tenemos grandes deficiencias en el ejercicio democrático. Si el pueblo quiere, realmente, hacer valer la fuerza del sufragio, debe ser más riguroso en su participación en los asuntos públicos y en exigir, realmente, las obras que necesita la comunidad. Cuando se les haga ver a los políticos que invertir en lo que interesa a la población es redituable, entonces el derroche de dinero sin sentido que se hace en algunas obras emblemáticas podrá controlarse. Cuando la población tenga clara la visión del auténtico progreso, así mismo la falsa visión de progreso se esfumará.