Por Filemón Medina Ramos

Periodista, líder sindical y social

Culminó, sin acuerdo, el periodo en la que la que empresarios y trabajadores, debieron consensuar el ajuste al salario mínimo nacional; sin embargo, le corresponderá al Gobierno Nacional anunciar cuál será el mínimo salarial que devengarán los trabajadores del sector privado. Lo cual no deja de ser inquietante, por cuanto estamos en un periodo electoral, y la decisión puede no satisfacer las aspiraciones de las partes, que seguramente serán los trabajadores.

No obstante, el movimiento sindical ha demandado, históricamente, un aumento general de sueldo, por cuanto el costo de vida no reconoce diferencias entre los trabajadores, sean estos del sector privado o gubernamental. Además, la demanda implica que, pese a los diversos salarios mínimos, se debe respetar el principio de igualdad de remuneración por igual trabajo, contenido en el Convenio 100, sobre igualdad de remuneración, de 1951.

Esta Norma internacional, además, cuenta con una Recomendación la 90, que indica que este principio debe aplicarse, tan rápidamente como sea posible, “al fijarse las tasas de los salarios mínimos, o de otros salarios, en las industrias y servicios en los cuales estas tasas sean fijadas por las autoridades”.

Pero la realidad panameña es totalmente contraria y discriminadora en esta materia, al tenor del Convenio 111 de la OIT, puesto que los trabajadores de un mismo sector o categoría salarial, profesión u oficio, tienen salarios distintos dependiendo de la zona en la que se ubiquen, por el mismo trabajo y la discriminación por género la agrava la situación.

Amén de las contradicciones entre capital y trabajo, donde el capital apuesta a la productividad y a cualquier otra excusa para no reconocer un salario justo al trabajador, pese a las ganancias millonarias que ese trabajador le genera al empresario, ya que el problema salarial no está necesariamente en la productividad, ni en la generación de riquezas, sino en la distribución de esas riquezas, que permitirían un mayor poder adquisitivo del trabajador y por ende un mejoramiento de condición y calidad de vida.

Por otro lado, los periodistas no escapamos a esta realidad, la cual es peor para nosotros como trabajadores, uno porque de un plumazo desconocieron la profesión; dos porque no hay un criterio justo y equitativo para establecer el mínimo salarial, entre profesiones; tres porque las empresas de comunicación social incumplen la ley, y las autoridades no la hacen cumplir; cuatro porque la falta de unidad del gremio, limita la lucha por mejorar nuestra condición de vida, laboral y salarial y cinco porque una seudo dirigencia está más preocupada, por acumular millas y taquilla, que por reivindicar al trabajador profesional del periodismo.

Ojalá que el anuncio próximo del nuevo salario mínimo nacional, mínimamente satisfaga las aspiraciones de los trabajadores y que se considere poner un fin a la discriminación e inequidad salarial y que, además, incluya un aumento general de sueldo.