JUBILACIÓN Y SALARIO MÍNIMO

El tema del monto de la pensión por vejez y del salario mínimo como promesa de campaña electoral pendula entre lo injusto y lo descabellado. Prometer una pensión mínima de 360 y un salario mínimo de 1,000 dólares es muestra de ello. La pensión por vejez se alcanza mediante los años de cotización y el salario sobre el que dicha cotización se pagó, además del tema de la autonomía del Seguro Social para fijarla. Quien se esforzó y cotizó para recibir una pensión de 365 o 400 al mes, ¿cómo se sentirá cuando el que recibe 250 dólares al mes ve incrementar la suya en más del 40% y a él lo pasan por el cuchillo político? Lo más justo y equitativo sería crear un vale digital de alimentos para todo jubilado que recibe una pensión menor al salario mínimo oficial. En cuanto al prometido salario mínimo de 1,000 dólares al mes, el asunto es descabellado por decir lo menos, porque es un tema que involucra a empleadores y trabajadores y está muy ligado a la productividad y rentabilidad de las empresas. Casi duplicarlo con respecto al actual es casi imposible y crearía una distorsión del mercado laboral impensable. Mejor sería optar por fomentar la creación de empresas de alta tecnología y de productos de alta gama que permitan formar técnicos y profesionales que ganen más y matar dos pájaros de un tiro con educación y acceso a empleo mejor remunerado con mano de obra calificada.

HUELE A JUICIO

El giro que está tomando el caso de los auxilios económicos del Ifarhu tiene un fuerte olor a fiscalía y juzgado. En lo que aparenta ser el caso más grande de uso indebido de fondos públicos, desde el escándalo de las hipotecas con plata del Seguro Social en los años ochenta, el atraco a los fondos públicos tienen cara, nombre y apellido. Allegados al poder y funcionarios en ejercicio entraron en la vorágine que se tragó millones de dólares para pagar los estudios de muchos niños de papá y mamá. En el listado que ha visto la luz pública no son todos los que están ni están todos los que son, porque la Contraloría aún mantiene en secreto los nombres de otros beneficiarios que se devoraron 75 millones de dólares del dinero público. Esto apenas comienza y tendrá cuerda para rato. Me late a que el Caso New Business se le quedará chico a este atraco de las arcas nacionales.

NO MÁS FUEROS