Sala de Redacción / Al Día Panamá

El magistrado presidente del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), Rafael Brown, y de igual forma el encargado de la Dirección General de Ingresos (DGI, Camilo Valdés, son del criterio que urge una DGI con mayor acción y consideran la institución debe tener mayor rigor, con un nivel de autonomía y se maneje como una autoridad y no como una dirección.

Durante sus disertaciones ambos profesionales destacaron el compromiso con la transparencia en la forma como opera la DGI y consideraron sobre la importancia en que cada persona tenga más cultura tributaria al instante de pagar los impuestos.

Sugiriendo actualización del sistema en cuanto a la Ley, el  magistrado Rafael Brown destacó la importancia que tiene para el Estado “llevar a la DGI a un nivel tecnológico adecuado, y actualizar una norma que tiene 54 años, y que no está a tono con los tiempos modernos”.

Los criterios de los especialistas fueron emitidos recientemente durante la celebración del foro: «La importancia de la responsabilidad tributaria para la transparencia de la gestión gubernamental», auspiciado por el Colegio Nacional de Periodistas (Conape), el Tribunal Administrativo Tributario y la Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social (Apadico).

Con observaciones directas, donde se plantearon necesidades de reformas, los funcionarios llegan a la conclusión sobre la urgente necesidad de facilitar más herramientas y actualización a la DGI en la estructura administrativa acorde con los tiempos para que pueda ser más eficiente en el cumplimiento de sus funciones.

A juicio del magistrado Brown,  se hace necesario “automatizar y digitalizar todos los procesos de recaudación. Esto facilita consolidar todo el proceso de recaudación, haciéndolo más eficiente”.

Explicó que en la actualidad un 44% de los contribuyentes facturan de manera electrónica, una cifra bastante baja que requiere de mayores herramientas para hacer una recaudación más efectiva.

En ese mismo criterio el director de la DGI, Camilo Valdés, interpretó como  necesario fortalecer la institución impulsándola  a un mejor nivel, “con procesos automatizados”, apostando por la normalización, que ayuda al emprendedor a crecer, al contar con una declaración de renta que le permite opciones para acceder a un préstamo bancario.

Se trata, explicó Valdés, de una parte importante de los retos y desafíos que tiene la política fiscal en Panamá está en fortalecerla, dando confianza y trabajando con la transparencia debida; en esto, la modernización de la normativa de la DGI «es fundamental».

El Decreto Ejecutivo 109 de 1970 fue adoptado por la entonces denominada «Junta Provisional de Gobierno», bajo la administración del presidente Demetrio Basilio Lakas. Debe recordarse que en aquellos años se gobernaba mediante la emisión este tipo de fórmulas legales; en el 109, se estableció la reorganización de la Dirección General de Ingresos, del Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy de Economía y Finanzas), manteniendo su rango de dirección, el cual merece reforma.