Sala de Redacción / Al Día Panamá

La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, en atención a su mandato constitucional de velar por la protección y defensa de los derechos humanos, lamenta y condena la agresión de la cual fue víctima una persona menor de edad de tan solo 4 años, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos luego de resultar gravemente herida producto de los actos de violencia contra el vehículo en que viajaba con su madre, en las inmediaciones de la Universidad de Panamá,

Recordamos que la Ley 285 del 15 de febrero de 2022, que establece el régimen de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, obliga a todas las autoridades, instituciones y ciudadanos a garantizar el interés superior de las personas menores de edad, principio que debe prevalecer en toda actuación pública o privada.

En ese sentido, pedimos una investigación exhaustiva que dé con los responsables de esta vulneración al derecho a la integridad física de la persona menor de edad y conminamos al Rector de la Universidad de Panamá, a tomar las medidas legales que la ley le obliga en su calidad de servidor público, para presentar la denuncia formal contra quienes resulten responsables de estos lamentables hechos.

Asimismo, recordamos que el derecho a la protesta social no es un derecho absoluto, debe coexistir con otros derechos fundamentales, como el derecho a la integridad personal, la salud y, especialmente, el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, los cuales se han visto afectados por la paralización de clases en distintos puntos del país. En este contexto, es esencial que todos los sectores prioricen el interés superior de la niñez y adolescencia, garantizando su acceso a una educación continua y de calidad.

De igual forma, hacemos un firme llamado al respeto pleno del ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales en cualquier sociedad democrática; expresamos nuestra preocupación por los incidentes ocurridos en Divisa, donde al periodista Eduardo Javier Vega, quien cubría una manifestación social, se le impidió ejercer su oficio. Asimismo, rechazamos los actos de intimidación contra la periodista Solangel Ruiz en la provincia de Veraguas; estos hechos atentan contra la integridad personal, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades competentes, como de las instituciones educativas y universitarias, a redoblar los esfuerzos para frenar esta escalada de violencia sostenida que ha generado un clima de tensión e inseguridad, afectando la convivencia social y la tranquilidad ciudadana.

Instamos a que se busquen alternativas que devuelvan un clima de paz social y confianza en el ejercicio del derecho a la protesta por parte de la comunidad universitaria, sin poner en riesgo la integridad de la población

Reiteramos que el diálogo, la concertación y el uso de mecanismos pacíficos de protesta son vías legítimas y necesarias para canalizar las demandas sociales, y que solamente a través de estas herramientas se puede construir una cultura de paz que garantice el respeto de los derechos humanos para todos.