Sala de Redacción /Al Día Panamá 

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, indicó que tras 21 días de protestas urge lograr acuerdos para evitar llegar a un punto de quiebre que provoque la pérdida de más de 30 mil empleos entre directos e indirectos en Bocas del Toro.

Agregó el Ombudsman que se reconoce el derecho a la protesta social, sin embargo, este no debe vulnerar el derecho al agua, alimentación, salud y al trabajo, se debe priorizar por el bienestar colectivo de todas las personas.

Leblanc hace un llamado a la cacica general de la comarca Ngöbe Buglé, Elena Cruz, así como a la presidenta del congreso general Juliana Santiago Santos, a aplicar la gobernanza, para que intervengan y dejen pasar las ambulancias, los insumos del agua, oxígeno a los hospitales de Chiriquí y Changuinola.

“Todos sufrimos en el 2022 y el 2023 por los cierres, Panamá no aguanta una situación parecida, debemos evitar que repita la historia en espiral como se dió en Puerto Armuelles en el 2003, cuando se da el cierre de las bananeras.

Puntualizó “podríamos tener una crisis social agravada, de la que ya existe en Bocas del Toro por la falta de empleo y oportunidades, tomando en cuenta que alrededor del 90 % de la mano de obra de las bananeras son de la comarca.