Madrid / Agencias

La Fiscalía Anticorrupción dió inicio a investigaciones sobre Juan Carlos I a sus homólogos del Tribunal Supremo porque según se plantea ve indicios de blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda pública que podrían implicar al rey.

En el escenario de las investigaciones se refieren al supuesto cobro de una comisión de 100 millones de dólares, el hecho ocurre en año 2008, durante su reinado, por lo que es inimputable en un supuesto delito de cohecho en las transacciones internacionales. No obstante, la Fiscalía investiga al ahora rey por el manejo de ese dinero a partir de 2014.

Las investigaciones ahora van dirigida al padre del rey Felipe VI, de ahí la remisión al Supremo donde está aforado. Igualmente supuesta informaciones en el portal «Publico» destacan que delimitaran la participación o no de Juan Carlos I en el manejo del dinero de comisiones desde su abdicación en 2014.

La investigación se centra en hechos ocurridos en la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, el llamado «AVE del desierto» que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.

La Fase II se asignó al consorcio Al Shoula Group compuesto en un 88% por empresas españolas (ADIF, Renfe Operadora, INECO, Talgo, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Inabensa- Abengoa, Imathia, Indra y OHL) junto a dos saudíes (Al Shoula Group y la constructora Al Rosan Contracting).​