A todos nos preocupa el rumbo que toma el país en el tema de la seguridad. Hemos ido zigzagueantes en este tema.  Cada gobierno con un librito y los estamentos de seguridad en un nivel de desidia jamás vistos. Y no es que el problema no se pueda resolver. Hace falta voluntad y un cambio de timón en las políticas de seguridad. Después del asesinato del subdirector, del Registro Público hay hechos que reconocer.

En primer lugar, ya no hay espacio público donde el sicariato no se atreva a realizar sus ejecuciones.  Puede ser un restaurante, una discoteca, un centro comercial, un gimnasio o un colegio. Ya poco importa la presencia policial, la aglomeración humana, niños o mujeres. El narcotráfico que no es un problema nuestro sino importado y con demanda fuera de Panamá se ha convertido en un tema central que afecta la seguridad ciudadana.   Y eso se debe a nuestra posición geográfica que es genuflexa frente al contrabando, el tránsito de estupefacientes, tráfico de personas.

Y si bien el Estado panameño puede hacerse de la vista gorda sobre hechos que no inciden en la vida cotidiana de los panameños,  no puede permitir que estas actividades tengan una incidencia nefasta en la paz social y la seguridad ciudadana.  Por eso se torna de vital importancia detener y desarticular a todas estas organizaciones criminales que han utilizado la violencia como un mecanismo de solución de sus controversias logísticas. Pero hay algo más, la fuerza de estas organizaciones criminales se ha acrecentado con la infiltración en la política, la justicia y los estamentos de seguridad.   Infiltrarse les permite ciertas garantías, seguridad y poder.    A tal punto que podrán en algún momento si no se les detiene retar a la autoridad del Estado panameño.

Muy distante a la pobre argumentación del Ministro de Seguridad que busca la solución en una ley de extinción de dominio (le permite al Estado extinguir el derecho a la propiedad de los bienes a los narcotraficantes).   Lo que puede detener esta espiral de violencia es una ley de excepcionalidad similar a la ley Patriota promulgada en los Estados Unidos  para hacerle frente al terrorismo.  Nosotros debemos promulgar una ley de excepcionalidad que provea a los estamentos de seguridad de mayores herramientas para impedir y obstaculizar la violencia en el tráfico de las drogas. Aumentar la capacidad de control del Estado mejorando la capacidad de los agentes del orden y el ministerio público con suficientes poderes para enfrentar este flagelo y endurecer las penas y restringir las garantías y libertades constitucionales para los nacionales y extranjeros involucrados en estos tipos de actividad alterando la paz social y la seguridad de la población panameña.

Cuando esa ley entre en vigencia deberá ofrecerles suficientes herramientas a los agentes de seguridad y al ministerio público para intervenir en las comunicaciones privadas, extinguir los derechos de propiedad de todos los bienes de los involucrados, realizar arrestos provisionales a todos los directa o indirectamente involucrado en actividades de narcotráfico por información obtenida por los servicios de inteligencia local e internacional y flexibilizar las normas sobre el uso de la fuerza letal ante este tipo de amenazas pues van más allá de los delitos civiles. Estas medidas de excepcionalidad podrías limitarse a un período de años a efectos de luego comprobar su efectividad en garantizar la paz ciudadana. Aquí está en juego el Estado Panameño. Y frente a una amenaza al Estado y su autoridad no se puede andar con paños tibios.  Si los Estados Unidos en medio de una crisis de seguridad interna lo pudo lograr nada impide aplicar el mismo modelo en nuestro país para enfrentar este flagelo.

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