Por. Jorge Zúñiga Sánchez

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Sin importar el malestar ciudadano, la Asamblea Nacional acaba de aprobar la nueva ley de la CSS. Todo indica que el siguiente tema será la Ley Minera, y de seguro que “contra viento y marea” también será aprobada.  Pero, ¿cómo nos explicamos de que a pesar del repudiociudadano, los HD representes de los electores, desatendiendo ese mandato, decidan sin consultarles? 

La respuesta más sencilla se pudiera encontrar en considerar esa  contradicción desajuste en la absoluta falta de valores éticos de los HD.  Sin restarle importancia a ella, prefiero buscar la causa de esta crisis institucional y política en el orden constitucional vigente. Partiremos   del principio constitucional que reza que “el poder público radica en el pueblo”, que a simple vista no plantea problema de interpretación.

Si por “por pueblo” deberemos entender como tal  todos los nacionales, que habitan el territorio nacional, sin importar  origen ni condición social. Pero,  aunque en la sociedad  conviven “ricos y pobres” en permanente confrontación,   el Estado pasa por alto esa diferencia, y “a unos y a otros” les trata como iguales,  con base en el principio de igualdad jurídica ante la Ley.  

El poder público  se ejercerá a través de estructuras y organismos, integrados por los ciudadanos, escogidos a través de procesos electorales, comprometidos con alcanzar el bien común. Entonces, si los sectores más desfavorecidos de la sociedad “son los más”, y los poderosos “son los menos”, ¿por qué los actos legislativos del Estado revelan la tendencia a priorizar los intereses particulares?

En democracia se asegura la participación electoral ciudadana a través de postulaciones independientes o de partidos políticos, mismos que en lo formal pudieran presentar  profundas diferencias ideológicas imperceptibles para “los pobres”, los que se  terminan “enfrentados” en una lucha ajena. En el otro extremo, los poderosos se mantienen a distancia de semejante “revulú”, cuyas contribuciones resultan indispensables en el  éxito de las campañas  electorales. 

En la reciente aprobación de la Ley de Reformas a la CSS, se develaron todas las incongruencias antes reseñadas. Todos los HD  mantienen un  “discurso” en el que dice representar a los sectores populares, a sus electores. ¿Y dentro de la Asamblea, dónde y quién  representa los intereses de los poderosos? Como para votar “a favor o en contra” no se les exige consultar a sus electores, y sin importar que en su mayoría proceden de la clase media, los intereses “de los menos” siempre estarán “bien cuida´os”.

No vaya a ocurrir que en respuesta a las amenazas de Trump de recuperar por la fuerza en Canal de Panamá, a uno de los HD se le  ocurriera presentar una iniciativa legislativa reprendiendo enérgicamente tal atropello imperial, de seguro que  a semejante broma nadie les “pararía bola”, pues actúan en ejercicio de una reducida legitimidad política. Es tiempo de reformar el Poder Legislativo, para que su funcionamiento y decisiones sean congruente  con el interés del Soberano.